Cosas de los Borbones
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COSAS DE LOS BORBONES
La fiscalía del Tribunal Supremo español sostiene que Juan Carlos I acumuló su fortuna de manera ilícita con el cobro de comisiones y más prestaciones de carácter similar en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales, según explica el diario El Mundo, que ha tenido acceso a la comisión rogatoria que el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, ha enviado a la justicia suiza. El documento apunta a posibles delitos de blanqueamiento de capitales, contra la hacienda pública, soborno y tráfico de influencias. Es la primera vez que la fiscalía del Supremo se pronuncia sobre el origen de la fortuna del rey emérito español.
Así consta a la petición que Campos envió el 24 de febrero a la Oficina Federal de Justicia de Suiza porque las autoridades le remitieran información de todas las cuentas que la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo de Juan Carlos I, tiene en este país. Zagatka ha pagado los gastos del rey emérito español estos últimos años mediante cuentas abiertas a entidades como Credit Suisse y Lombard Odier.
A la documentación, la fiscalía española recuerda que tiene abiertas diligencias por un posible ocultamiento, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos del rey emérito, y que prueba de determinar la procedencia del dinero que no ha declarado a Hacienda, además de su participación en los movimientos de los fondos.
La fiscalía recuerda que la Unidad de Inteligencia Financiera de España (Sepblac) alertó que el empresario mexicano Allen Sanginés hizo seis transferencias entre 2017 y 2018 a Nicolás Murga Mendoza, que entonces era ayudante del rey emérito, y dice que parte de las cantidades recibidas fueron transferidas a cuentas de titularidad de miembros de la familia real.
Añade que la fundación Zagatka tenía como beneficiarios los tres hijos del rey emérito: el actual rey español Felipe VI y las infantas Elena y Cristina. Con todo, los tres dejaron de serlo después de la modificación del reglamento de la fundación del año 2018.
Aun así, a través de un comunicado, la fiscalía general del Estado español ha reclamado a unos cuántos países información sobre el rey emérito español apuntando “indicios de criminalidad”.
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