Avinguda Països Catalans

Según las últimas encuestas la izquierda política valenciana formada por PSPV, Compromís y UP alcanzaría los 62 escaños, 10 más de los actuales.

Lo que sorprende, o quizás no tanto, es la posible desaparición de Ciudadanos, un partido que no sabe posicionarse y crea confusión entre sus votantes. Perdería los 18 escaños actuales, de los cuales parecen ir 5 al PP, 3 a Vox y el resto debe dividirse entre el resto de partidos.

Y sorprende también que el PSPV avance en votos y prestigio, cuando según acusaciones por parte de la derecha, y principalmente por el partido que puede desaparecer, Ciudadanos, es que se vaya inclinando en demasía hacia el llamado “pancatalanismo”. Una acusación que la derecha valenciana tiene como enseña de que pueda arrancarle votos a los socialistas, pero las encuestas parecen decir lo contrario.

Es verdad que hay una gran aproximación por parte del PSPV hacia ciertas tesis catalanistas, muy especialmente en el tema cultural como es la defensa de la lengua que le es propia junto a los catalanes y baleares; así como la necesaria revisión de la financiación, pues el PV junto a Catalunya y Baleares son nacionalidades que aportan al erario público muchísimo más de lo que reciben. La derecha española debe saber bien que no alcanzar gobierno en Catalunya (hoy imposible) y el PV (cada vez más difícil) la gobernanza en el gobierno central lo tiene crudo.

De los 99 escaños del Parlamento Valenciano, que la izquierda alcance 62, deja a la derecha muy alejada de su gobernanza, y eso lo sabe bien el señor Casado. No tiene tirón aquí, por mucho que vaya a la plaza de toros de València con autobuses repletos de militantes desde toda España para conseguir la foto y el reportaje televisivo de una irrealidad notoria, desde su unidad interna inexistente a su crecimiento.

La policía española ha impedido a la delegación de Compromís desfilar durante la procesión cívica del 9 de Octubre. “La policía nos ha acordonado y no nos ha dejado entrar en la procesión cívica”, ha denunciado el partido en las redes sociales. Así mismo, la formación ha lamentado que los agentes hayan parado la delegación del principal partido del gobierno de València, mientras que no han puesto ninguna traba a la extrema derecha de Vox, que solo tiene dos regidores en el consistorio.

“Pediremos contundentemente explicaciones por impedir el derecho de manifestación de la primera fuerza política de València”, ha añadido Compromís. Además de Vox, la policía ha permitido que otros grupúsculos de ultraderecha y españolistas se manifestaran sin problemas. En imágenes publicadas en las redes se ve como los agentes acordonan el grupo de Compromís.

Posteriormente, en un comunicado, el partido ha reclamado la dimisión de la delegada del gobierno español en el País Valencià, Gloria Calero. “Se trata de una situación intolerable, que ataca los derechos democráticos fundamentales de nuestra sociedad y que no se puede tolerar de ninguno de las maneras”, concluye el Compromís.

Aunque para la recuperación total aún queda un gran recorrido, poco a poco el aeropuerto de Alacant va recuperando cifras de pasajeros. El aeródromo, que lleva el nombre del poeta oriolano Miguel Hernández, registró en junio pasado un movimiento de 748.456 pasajeros, un 77% más de los registrados en el mismo mes del pasado año 2020. Es cierto que aún le queda mucho para alcanzar la cifra de 1.761.603 de 2019 —un millón menos mensual— fruto de la situación por la pandemia que ha conmovido al mundo.




Por otra parte el turismo de cruceros resurge y va en aumento, lo que hace que entre una cosa y otra la recuperación económica esté cercana, como también lo pronostican los datos de la industria del juguete, del turrón, del calzado, y la exportación de mármol. La demanda de apartamentos y bungalows como segunda vivienda por ciudadanos europeos principalmente, está también comenzando a nivelarse como en los pasados años, de ahí que la construcción comience a resurgir tras dos años parada.

El Himno Nacional de Catalunya ha sido interpretado en el mítico estadio de Old Trafford de Manchester, en el partido de la Superliga de Rugbi que enfrentaba al todopoderoso Saint Helens RLFC y el Dragons Catalans.

Desconozco si el Gobierno de España ha protestado enérgicamente y ha llamado a consulta al embajador inglés, como tampoco sé de la indignación del señor Casado ante tan horrible acontecimiento en vez de interpretar el Viva España de Escobar o Paquito el Chocolatero..., y las lágrimas de tristeza de la señora Arrimadas con mucho motivo por parte de ésta, y no porque el Himno Nacional de Catalunya se interprete en un estadio inglés, sino por el descalabro que se le avecina en el País Valencià a su partido. De la extrema derecha, mejor no decir nada.

La zona de la playa de Poniente de Benidorm está siendo un polo de atracción para constructoras y promotores de edificios residenciales, pese a la crisis aún no acabada de la pandemia.

Entre las últimas novedades de construcción destaca la presentada por el estudio de arquitectura catalán DNA Barcelona, que no es otra que la construcción de la llamada “Kriptonite Tower”, un proyecto que se convertirá en un icono para la ciudad turística de la Costa Blanca.

El edificio, como pueden ver en la foto que acompaño, simula la forma del cuarzo. La inversión supera los 18 millones de euros y está diseñado para 50 plantas en 165 metros de altura. Tendrá un total de 102 apartamentos, 150 plazas de parking, sala de cine, spa, gimnasio, piscina, zona de juegos para niños y pistas de tenis.

Según el Estudio barcelonés de arquitectura, al que pertenece el proyecto, este nuevo rascacielos se convertirá en un nuevo hito en el horizonte del Estado español. Está diseñado en una forma geométrica estricta utilizando la continuidad del vidrio, incorporando así la elegancia y el estilo del modernismo. La transparencia y luminosidad ayudan a conseguir máxima luz natural, que en Benidorm está asegurada todo el año, con unas fascinantes vistas a la bahía benidormí.

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Una película filmada en 1967 no podía ser en lengua catalana pero aun así, Josep Maria Forn, tuvo la habilidad de incorporar pequeños diálogos en la suya. Era “La piel quemada”.




En ella, de manera nada melodramática, narra la llegada a la Costa Brava catalana de migrantes procedentes de las zonas españolas más pobres y míseras: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha… al propio tiempo que llega el turismo europeo. Son dos pieles quemadas diferentes, la de los pudientes por el sol de la playa atravesando sus cremas antisolares y potingues, y la piel quemada de los trabajadores en la construcción de hoteles y apartamentos, ya de por si quemada entre los olivares jienenses.

Los breves guiones en catalán son un elemento más de la veracidad de esta historia como una paleta de pintor en medio de los claroscuros del momento. Pese a sus años la plataforma Filmen la sitúa entre lo mejor de la filmografía europea.

Su director, el catalán Forn, tuvo una carrera llena de obstáculos por la censura española, tanto en este excepcional film como en otro titulado “La respuesta” del año 1969. Si en el primero narraba los choques entre emigrantes pobres, turismo de clase media europea y una población autóctona desconcertada con los cambios sociales, en este segundo film ponía el acento en las tensiones entre la juventud universitaria catalana y un asesinato político.

“La piel quemada” pasó un largo proceso de censura pero finalmente se estrenó en dos salas barcelonesas: Maryland y Balmes, seguido de un coloquio con Forn, el actor Paco Rabal, el escritor Paco Candel y el director teatral Ricard Salvat . “La respuesta”, por el contrario, cambió su vida por mal: tiene el récord de ser la película más prohibida entonces (quizás de todo el franquismo), pasó censura 24 veces. Era problemático ver qué puedes hacer en cine y tener la censura y la policía detrás tuyo. No es ninguna metáfora esto de la policía, la película se pasó solo en el Festival de Molins de Rei, con una sala repleta de grises. El estreno en las sala de cine tardó once años, en 1976, muerto el dictador.

Forn fundó el Instituto de Cine Catalán y fue director general de cinematografía de la Generalitat. Produjo “Ocaña, retrato intermitente”, “La ciudad quemada”. En los noventa volvió a la dirección con sátiras políticas y con recreaciones históricas: “Companys, proceso en Catalunya”, “El coronel Macià” y el documental “El sueño catalán” un recorrido personal por las luchas nacionales desde 1904.

No obstante es la piel quemada de albañiles y turistas, que tan bien recreó, la que ha hecho perdurable por siempre jamás el cine de J. M. Forn. No es una crónica del momento pues está muy viva: cada vez que se la ve te encuentras pensando en el presente.

En la Diada catalana de este año 2021, un cartel manual llamó la atención con la frase “Exigimos la independencia”. El texto, rotundo, inequívoco, fue circulando de mano en mano, y enarbolado por sus receptores. Y la pregunta que muchos se hacían era qué organización estaba detrás de su iniciativa y distribución, y no había tal, sino un ciudadano catalán natural de l’Empordá, que encargó y costeó a una imprenta la confección de 100.000 carteles, para dar a entender que la exigencia debía estar por encima de cualquier otro diálogo, que si bien consideraba que éste era necesario, no podía olvidarse de la misma.

Una vez impresas, un grupo de voluntarios las transportaron hasta la plaça Urquinaona de Barcelona y dispuestas libres para quien la quisiera, en donde los manifestantes las fueron recogiendo; al poco tiempo las 100.000 unidades desapareciendo en manos de manifestantes.

Esto demuestra que la iniciativas ciudadana y hasta personal, pueden ser un acicate para las reivindicaciones sociales, sean cuales sean, que no todo ha de quedar en manos de políticos.

Rotunda oposición en el País Valencià al recorte del trasvase Tajo-Segura que llevará a cabo el Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que supondría la llegada de entre un 40% y un 60% menos de caudales al sur del País Valencià. Cerca de tres cuartas partes de los encuestados en las tres provincias desaprueban la decisión del Gobierno de racionalizar e ir limitando progresivamente los hectómetros cúbicos del agua que envía el Tajo al Segura entre 2022 y 2027 escudándose en el cambio climático, cuando al parecer se recorta para enviar a Madrid, necesitada de agua ante su crecimiento. En concreto, el 72,5% de los entrevistados lo rechaza. Así se refleja en la encuesta de Invest Group para los diarios de Prensa Ibérica en el PV: Información, Levante y Mediterráneo.

Recordemos, no obstante, que el agua no llega al PV de manera gratuita, sino que se paga muy bien a Castilla-La Mancha, pues queda patente que si Catalunya es de todos los españoles, y todos deben decidir sobre ella, incluso sobre el uso de su idioma, el agua no lo es, es únicamente de aquellos terrenos por donde pasa, y si ella hace falta en otras comunidades, bien para el uso humano o el agrícola, ha de pagarse y muy bien o se le niega como en este caso...

Más contundente es la opinión que los encuestados que dijeron conocer la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de recortar la infraestructura tienen sobre la posición que ha mantenido el Consell ante el Ejecutivo central. Un 76,4% considera que la Generalitat, con el socialista Ximo Puig al frente, ha mantenido una actitud de debilidad ante Sánchez y la ministra Teresa Ribera. De poco le ha servido al presidente de la Generalitat repetir hasta la saciedad que el trasvase «es irrenunciable» y que el Consell ha acudido 38 veces a los tribunales para defenderlo, ya que los ciudadanos consideran que ante quien debía tener una posición firme no lo ha hecho.

Ahora bien, los encuestados lo que más censuran es la propia decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de ir recortando progresivamente el agua que reciben los regantes. Solo un 10,8% de los entrevistados aprueba la decisión del departamento de Teresa Ribera y es un porcentaje que se repite en las tres provincias.

Una de las obsesiones de la derecha española de estos últimos años es la voluntad de suprimir el magistrado autonómico en los Tribunales Superiores de Justicia.

Las trabas legales para poder ejecutar este plan, las han empezado a esquivar por la vía de los hechos consumados, y con un control decisivo de la sala tercera del Tribunal Supremo español. Y se han concentrado, miren por dónde, empecinadamente en Catalunya, con la supresión de facto de uno de los dos magistrados de designación autonómica que históricamente y por ley, desde 1989, tenía la sala de lo civil y penal del TSJC. Es un asunto capital, porque si los TSJ quedaran sin magistrados autonómicos, el margen de discrepancia interna sería prácticamente nulo, teniendo en cuenta el control total progresivo del poder judicial español que va consiguiendo el PP, sobre todo desde el mandato (mil cuarenta días ya caducado) de Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial.

Esta voluntad responde a la re-centralización del Estado español en el ámbito judicial mediante la anulación de una singularidad pensada para impedir que estos tribunales fueran integrados tan solo por magistrados de carrera judicial, elegidos directamente por un CGPJ más politizado, uniforme y cuestionado internacionalmente cada vez más…

La actual cúpula del poder judicial español, con mayoría afín al PP, querría que la capacidad que tiene los parlamentos autonómicos de designar magistrados fuera eliminada. La centralización judicial estaría al completo… De momento, no se han salido con los intentos de modificación de la ley orgánica del poder judicial, pero en el caso de Catalunya ya lo han empezado a hacer por la vía de los hechos consumados, y preparan el terreno para culminar una operación que empezó un año antes del 1º de Octubre, que todavía ahora continúa y en donde entra en juego los contactos y la influencia de Lesmes y el papel obediente del presidente actual del TSJC, Jesús María Barrientos. Barrientos, justamente, llegó al cargo en 2016, con el juicio contra el 9-N en el horizonte y dos semanas después de la investidura del presidente Carles Puigdemont. El CGPJ de Lesmes iba abonando el terreno.

La ley española es clara sobre la presencia de los magistrados autonómicos. Aun así, el CGPJ la ha ido vulnerando, paso a paso, caso a caso, sin que prácticamente nadie levantara la voz. La ha infringido en Catalunya, en Baleares y en Galicia, donde estos últimos años ha ido designando magistrados de carrera judicial para cubrir vacantes, cuando, según la proporción establecida por la ley, debieron ser elegidos por los parlamentos respectivos. Porque la ley dice que en una sala formada por un presidente y dos magistrados, uno de estos lo tiene que escoger el CGPJ de una terna (una lista de tres nombres) propuesta por el parlamento autonómico. Así lo establece la ley de demarcación y de planta judicial, que remite en el artículo 330 de la ley orgánica del poder judicial para que concrete la manera de hacerlo. Este artículo de la ley deja claro que una de cada tres plazas en la sala de lo civil y lo penal de un TSJ ha de cubrirse con magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

Esto no se respetó en las últimas renovaciones de magistrados al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya porque el CGPJ pasó por alto el turno de designación que correspondía al Parlamento catalán.

Al menos éste que ha diseñado esta nueva calle de Alacant, y seguramente estará cobrando. Obsérvenla. Desde la derecha ningún problema para circular por ella, pero ¿qué me dicen de la parte izquierda de la foto? ¿Cómo se puede circular por esa parte y cómo es su inicio? ¿los vehículos que deban circular por ella han de aparecer en ese punto de inicio espontáneamente?, porque desde dónde han de llegar, a no ser que ahora se permita circular en dirección contraria… ¿Y se ha gastado dinero en pintura para pintar ese bodrio? ¿Y su gasto ha de soportarlo el contribuyente mientras el que ha ordenado la circulación por esa calle de tal manera ha de salirle de rositas?

El partido en el gobierno municipal de Alacant recae hoy en el PP, por la inutilidad del anterior tripartido de la izquierda, y seguramente el ilustrado que ha ordenado la circulación por esta calle, sea adicto a los conservadores, porque de otra manera mañana lunes debiera estar en la calle.

Claro que como estas cosas invitan a la risa, nos reímos y todos felices, pero una vez más nos demuestra —nos demostramos— que este país no puede funcionar medianamente bien, entre políticos incompetentes, corruptos a cientos de miles y gente inútil, posiblemente instalada a dedo en lugares de toma de decisiones…

El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente apoyar la reciprocidad de emisiones de televisión y radio de À Punt, TV3 e IB3 entre el País Valencià, Catalunya y les Illes Balears. Esta propuesta ha sido un punto incluido dentro de la PNL (proposición no de ley) impulsada por diferentes entidades culturales del territorio español en defensa de la igualdad lingüística y fue llevada al parlamento por Unidas Podemos, Compromís, ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, PNV, Bildu, BNG y Más País, y resultó aprobada gracias al voto favorable del PSOE, pese a la negativa de PP, Vox y Ciudadanos, los tres de Colón.

Ante esta aprobación, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Escola Valenciana se han felicitado al considerar que es un precedente muy importante aprobar una propuesta "en defensa de la igualdad lingüística y que pone fin a la discriminación que sufren las lenguas no castellanas del Estado frente al castellano". Las entidades valencianas han impulsado esta PNL junto con organizaciones de otros territorios como Ciemen, Plataforma por la Lengua, Òmnium Cultural, Kontseilua, A Mesa Pola Normalizacion Lingüística, Iniciativa Pol Asturianu, Nogara-Religada y Obra Cultural Balear.

Las entidades valencianas muestran su satisfacción por este impulso a la reciprocidad y destacan que con ello se pone fin "a la censura de TV3 en el País Valenciano impuesta por el Gobierno del PP del presidente Camps y hasta ahora no levantada por los gobiernos valencianos posteriores".

Uso administrativo de la lengua común

Pero esta PNL también tiene otro punto que afecta al uso del valenciano. Así, también se ha aprobado permitir el uso administrativo de las diferentes lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas.

Con ello se reconoce el derecho de las administraciones autonómicas y locales del ámbito lingüístico catalán (por lo tanto, valencianas, catalanas y baleares) a comunicarse entre ellas en la lengua común.

Esto pondría solución también a una problemática que ha llegado al Tribunal Supremo, y que ha obligado al uso del castellano entre estas administraciones pese a que tengan una lengua común diferente al castellano.

La Compañía Eléctrica Dharma ha denunciado y condenado el uso de la canción “Llamarada” en un acto de Vox ayer en el pabellón Ifema de Madrid. En un comunicado colocado hoy en las redes sociales, la banda exige a la formación política que deje de usarla y añade que repudia la ideología de ultraderecha.

“Desde el comienzo, hemos combatido las ideas que defienden los grupos de ultraderecha a los cuales representa Vox y que atentan contra los derechos de las personas y las libertades más elementales”, apuntan, y ponen de ejemplo uno de sus lemas –un verso de una de las canciones– que dice: “De fascistas y cabrones estamos hasta los cojones.” “Una frase basta explícita que nos separa de cualquier sintonía con Vox“, han remarcado.

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